Sobre la militarización de la seguridad ciudadana y la posibilidad de su desbordamiento.
El incremento de la violencia delincuencial desde que el nuevo gobierno tomó posesión, constituye un inequívoco mensaje del delito organizado a la cúpula militar del actual gobierno civil respecto de su estrategia de “mano dura”, la cual no es otra cosa que la militarización de la seguridad ciudadana.
Sin duda, gran parte de la ciudadanía aplaude esta rápida militarización de la vida civil en aras de la seguridad colectiva, y de seguro está dispuesta a pagar el precio de las posibles restricciones de sus garantías individuales con tal de volver a vivir la vida sin el temor de ser asaltada, extorsionada o asesinada. Este apoyo popular a la militarización de la seguridad ciudadana, pone al gobierno en la dificultad de evitar que su táctica se le salga de las manos y se cometan abusos involuntarios por parte de los efectivos militares y policiales a cargo de la mantención del orden y la ley. Esto, porque es cosa sabida que en un estado de cosas militarizado priva siempre el criterio de vencer al enemigo, y eso de suyo conlleva “daños colaterales”, los cuales pueden adquirir un cariz político dependiendo de quiénes sean las víctimas de los desbordamientos.
Los guatemaltecos ven sus calles patrulladas por una fuerza policial ineficiente y corrupta y por un ejército contrainsurgente muy disciplinado. Se trata de dos fuerzas cuya capacidad de movilidad y acción no pueden compararse. Pero es lo que hay. De modo que a la ciudadanía le toca ponerse a salvo del fuego cruzado entre la fuerza pública y los delincuentes, ya que la zona de guerra es toda la sociedad, tanto rural como urbana, y ese teatro de operaciones no respeta diferencias de clase social.
Se comprende que en su lucha contra la violencia delincuencial, el gobierno se encuentre aún en una fase de acumulación de información y fuerzas, y que las acciones armadas más contundentes estén todavía por venir, lo cual augura un año muy turbulento. Esta realidad inevitable obliga asimismo al gobierno a atacar el problema de la violencia por el lado de las desigualdades sociales y la falta de productividad y empleo que caracterizan a nuestro régimen económico oligárquico. Hasta ahora, las acciones gubernamentales en tal sentido se circunscriben al asunto fiscal, cuyo manejo, aunque tímido, entusiasma asimismo a la ciudadanía, que espera que los que tienen más paguen más.
Pero, junto a la militarización de la seguridad ciudadana y el impulso al leve cambio fiscal, bien haría el gobierno en anunciar medidas a corto plazo para garantizar la igualdad de oportunidades apoyando a la pequeña y mediana empresa, a fin de que el sistema bancario haga viables los préstamos necesarios para que los empresarios emergentes accedan al capital de inversión. Pues el exiguo incremento en las regalías de las compañías mineras expresa un dócil alineamiento con el capital transnacional y sus socios locales.
Los operativos militares que atestiguaremos deberán realizarse con un minucioso criterio quirúrgico para minimizar “daños colaterales” que puedan verse como medidas de represión política. Si esto ocurre, el poco terreno ganado por el gobierno ante la comunidad internacional se anulará, y su aislamiento –patente en la toma de posesión por las notables ausencias y las disminuidas presencias– impedirá la realización de las medidas que el oficialismo afirma querer alcanzar, incluida la “mano dura”.
- Los pasos en falso de las buenas conciencias - 27 noviembre, 2022
- Pensar el lugar como lo que es - 23 agosto, 2022
- De falsos maestros y peores seguidores - 8 agosto, 2022
Comentarios recientes